La contratación pública es una actividad económica de relevancia que ofrece a los poderes públicos la posibilidad de llevar a cabo políticas transversales e incidir en la consecución de fines públicos de interés general distintos del propio objeto de cada contrato considerado individualmente, sin exceder de los límites que impone el obligado respeto a los principios generales que rigen la contratación pública.
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, recoge en ese sentido diversas posibilidades de inclusión de criterios sociales en los procedimientos de adjudicación y ejecución de contratos, con referencias expresas a la lucha contra el paro, la promoción del empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, la eliminación de desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, la garantía del respeto a los derechos laborales básicos y las características medioambientales de las prestaciones contratadas, entre otras.